Se le atribuyen los delitos de abandonar el cargo y omitir actos funcionales al no informar al Consejo de Ministros y al Congreso sobre una cirugía a la que se sometió a mediados de 2023.

La Fiscalía de Perú inició este jueves una investigación preliminar contra la presidenta designada Dina Boluarte por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.

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Según un comunicado del Ministerio Público, la investigación se lleva a cabo a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.

La nota señala que la mandataria no comunicó al Consejo de Ministros y al Congreso, como indica la Constitución, su incapacidad temporal para ejercer sus funciones desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023 debido a ese procedimiento quirúrgico.

La apertura de la indagación se produjo tras las declaraciones del exprimer ministro Alberto Otárola, quien informó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que Boluarte estuvo ausente por diez días como consecuencia de la operación. Ello implicaría que durante ese tiempo no cumplió sus funciones, aunque Otárola insistió en que se mantuvo pendiente de los asuntos del país.

Opiniones de expertos

El abogado penalista Luis Lamas Puccio expresó en una entrevista brindada a un medio local que existen razones mínimas para considerar una posible responsabilidad penal. A su juicio, la Presidenta designada pudo haber incurrido en una infracción constitucional por interrumpir su ejercicio presidencial.

Lamas enfatizó que existen elementos suficientes para plantear la vacancia presidencial, sugiriendo que se habría engañado a la opinión pública. 

Asimismo, resaltó “lo que realmente marca el curso del análisis de los acontecimientos son dos hechos. El primero que se trataba de una intervención frívola sin ninguna justificación y la otra es que se escondía la información para desinformar y tratar por todos los medios posibles de que la ausencia de la mandataria no fuera de conocimiento ni tuviera la relevancia necesaria”.

Por otra parte, el abogado Andy Carrión aclaró que la investigación preliminar no se centrará en si la intervención fue de índole estética, sino en la razón por la cual Boluarte no comunicó el procedimiento al Consejo de Ministros y al Congreso.

Carrión también destacó la necesidad de determinar quién asumió la Presidencia durante el periodo en que la mandataria estuvo incapacitada.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Heber Joel, la Constitución prohíbe la creación de vacíos de poder, pero que lo ocurrido no necesariamente justificaría una vacancia presidencial.

Luciano López, otro abogado constitucionalista, manifestó que la posibilidad de que esta situación derive en una moción de vacancia dependerá de la voluntad de los congresistas, dado que el recurso es lo suficientemente flexible como para permitir varias interpretaciones.

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